Rechazan el desalojo de un edificio en Av. Mitre al 500 y el conflicto legal continúa

El Juez de Cámara Sergio Alvira resolvió este jueves rechazar el desalojo del edificio ubicado en Avenida Mitre al 500, ratificando la decisión del Juez Nicolás Stegmayer, quien ya había negado esta medida en septiembre de 2024. La decisión se tomó durante una audiencia de apelación en los Tribunales de Rafaela, donde el magistrado demostró que no se cumplen las condiciones para decretar el cese del estado antijurídico a través de la vía penal.

El conflicto se remonta a hace más de una década, cuando el edificio comenzó a construirse bajo un fideicomiso entre dos privados. Sin embargo, debido a incumplimientos y problemas legales, la obra quedó paralizada y derivada en una serie de disputas sobre la posesión y el uso de los departamentos. Actualmente, el edificio tiene el estatus de “en construcción paralizada” y está clausurado por el Juzgado Municipal de Faltas debido a diversas irregularidades de higiene y seguridad.

Posturas enfrentadas

En la audiencia, el fiscal Guillermo Loyola, acompañado por las abogadas de la parte querellante, sostuvo que al menos 13 departamentos están ocupados ilegalmente y solicitó el desalojo inmediato del edificio. Sin embargo, la defensa, representada por los abogados Adrián Rocca y Sergio Beceyro, argumentó que varios de los actuales residentes firmaron contratos de alquiler con uno de los inversores del proyecto o con quien poseía el boleto de compra-venta del terreno, lo que legitimaría su presencia en el lugar.

El juez Alvira, al tratarse de una apelación, no analizó el fondo del conflicto, sino que se limitó a evaluar si la resolución previa del juez Stegmayer había sido correctamente fundamentada. Finalmente, decidió mantener la negativa al desalojo, un fallo que prolonga la situación actual y deja abierta la puerta a futuras instancias judiciales.

Un conflicto sin resolución clara

El caso pone de manifiesto las complicaciones legales derivadas de proyectos inmobiliarios inconclusos. La falta de acuerdos entre los involucrados ha generado un entramado complejo, donde coexisten reclamos de propietarios originales, inversores y ocupantes. Mientras la defensa celebra el fallo como una medida de protección para los residentes, los querellantes aseguran que continuarán buscando mecanismos legales para recuperar la posesión del edificio.

Por ahora, el inmueble sigue en manos de sus actuales ocupantes, pero con múltiples cuestiones legales y de seguridad pendientes. Las autoridades locales mantienen la clausura del edificio, mientras se intenta definir el futuro de un conflicto que parece lejos de resolverse.