Cuando la conversación política mediática se orienta a la crisis interna del Frente de Todos (FdT) y las diferencias políticas entre el presidente y la vice, el bloque oficialista en el Senado, con la evidente intervención de Cristina Kirchner, sorprende con una iniciativa parlamentaria para crear un “fondo nacional de cancelación de la deuda con el FMI”, constituido a partir de cobrar impuestos extraordinarios de entre el 20 y el 35 por ciento a los capitales fugados de la Argentina, depositados en el extranjero y no habiendo sido declarados previamente ante el fisco local. La iniciativa prevé también aplicar la ley penal tributaria, que podría derivar hasta la prisión a quienes persistan con la actitud defraudatoria.

La iniciativa, que lleva la firma _entre otros_ del presidente del bloque, José Mayans, fue rápidamente ratificada por el propio Alberto Fernández. En ese punto, el FdT lejos de fracturarse, se une.

El 10 de diciembre de 2021, cuando el oficialismo celebró el Día de la Democracia con un acto multitudinario en la Plaza de Mayo, con la presencia del binomio presidencial y los invitados especiales Lula Da Silva y Pepe Mujica (Brasil y Uruguay, respectivamente), Cristina, en su discurso, ya había esbozado su intención de perfeccionar una herramienta política parlamentaria para recapturar dólares fugados ilegalmente de la Argentina en distintas épocas, aunque muy especialmente durante el gobierno de Mauricio Macri.

Alcances

El proyecto que concentrará gran interés político en ambas Cámaras busca que quienes tengan bienes en el exterior, fugados y no declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia.

Ese aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que sólo les corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero.

Los alcanzados por la iniciativa deberán realizar un aporte del 20 por ciento de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares.

El proyecto expresa que, en caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35 por ciento. También indica que quienes no se allanen al pago de ese aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, como estipula la ley vigente. Y alcanzará a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país, “cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina”.

En tanto, los senadores del FdT proponen también usar la figura del colaborador, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor. Los que ayuden a ese fin serán premiados con hasta el 30 por ciento de lo que se obtenga por la información aportada. Para poner en vigencia esa figura, se presentará otro proyecto de ley que modifique las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal.

Siempre, según los fundamentos difundidos por el bloque oficialista del Senado, las principales naciones del mundo crearon legislación en ese sentido desde principios de este siglo para tener un mayor y mejor control de las operaciones comerciales o financieras.

Se propone también que el fisco no tenga que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información y así acelerar los procesos investigativos.

En ese sentido, Cristina se reunió en el Senado con a Marc Stanley, embajador de Estados Unidos, para conversar sobre lavado de dinero, trata de personas y derechos humanos.

"Le solicité (a Stanley) la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron los senadores del FdT para crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión", tuiteo la vice.