El caso llegó a RAFAELA INFORMA: la cooperativa láctea fue intimada a detallar los términos de un acuerdo que, según difundió en medios nacionales, reactivaría parte de su producción. El juzgado advierte que, de no cumplir, podría remover a sus actuales administradores.
Judiciales13/06/2025
Redacción
El proceso concursal de SanCor volvió a agitarse en los tribunales de Rafaela. El juez Guillermo Vales, a cargo del expediente por el concurso preventivo de la histórica cooperativa, ordenó a la empresa que en un plazo de 48 horas brinde información precisa sobre un convenio que habría suscripto con la firma Elcor S.A., productora de la marca Tonadita.
La decisión judicial surgió a raíz de un planteo de la sindicatura, que detectó la ausencia total de documentación en el expediente sobre ese acuerdo. Lo que llama la atención es que fue la propia SanCor la que divulgó públicamente, a través de medios nacionales, la existencia del convenio y sus posibles beneficios: un incremento en el volumen de leche procesada y la eventual reactivación parcial de plantas ubicadas en Gálvez y Devoto.
El juez fue tajante: si la cooperativa no cumple con la presentación requerida, podría avanzar con la remoción de sus administradores actuales. La advertencia no es menor y deja en claro que el juzgado pretende recuperar el control efectivo sobre lo que ocurre dentro de una firma que sigue en situación concursal desde febrero.
Según fuentes de la sindicatura consultadas por RAFAELA INFORMA, la preocupación no se centra en la legalidad del convenio —figura prevista y permitida por la ley— sino en la opacidad del proceso. “SanCor no informó absolutamente nada. Y eso es grave en un expediente donde el concursado conserva la administración, pero bajo vigilancia del síndico”, señalaron.
Lo que está en juego es si este nuevo esquema productivo representa un verdadero avance hacia el cumplimiento del acuerdo con los acreedores —que incluye desde trabajadores hasta proveedores y organismos fiscales— o si es apenas una forma de sostener una operatoria mínima sin impacto real sobre el pasivo acumulado.
El juzgado solicitó conocer los detalles contractuales, el uso de activos, posibles disposiciones de bienes o marcas, así como el impacto económico esperado y los ingresos proyectados. También pidió aclarar si este movimiento empresarial generará recursos disponibles para afrontar las obligaciones asumidas.
Con la lupa judicial sobre sus decisiones, SanCor deberá ahora demostrar si su reactivación productiva responde al interés colectivo del concurso o si solo busca mantener a flote una estructura en crisis, sin responder aún la pregunta que más inquieta a sus acreedores: ¿cuándo van a cobrar?
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