Inspectores detectaron una conexión ilegal en la planta de San Nicolás que vertía efluentes al suelo, a metros del Paraná. La jueza pidió investigar posibles delitos y la empresa podría volver a ser clausurada.
Judiciales28/06/2025
Redacción
La historia se repite y la justicia vuelve a poner la lupa sobre la planta que Atanor opera en San Nicolás. A poco más de medio año de haber reabierto sus puertas tras la explosión de un reactor en 2024, la fábrica de agroquímicos quedó envuelta en una nueva y grave denuncia: vuelcos ilegales de efluentes industriales detectados dentro del predio, muy cerca del río Paraná.
Una inspección realizada por técnicos de la Autoridad del Agua (ADA) el pasado 9 de junio reveló que parte del sistema de tratamiento de líquidos industriales evacuaba desechos al suelo natural a través de una bomba conectada clandestinamente. La información fue expuesta ante la jueza Luciana Díaz Bancalari cuatro días después, en una audiencia con representantes del Ministerio de Ambiente bonaerense.
Desde Greenpeace, una de las organizaciones que sigue el caso, alertaron que los vuelcos se realizaron en una zona muy próxima a la barranca del Paraná, con el consiguiente riesgo de contaminación hídrica. “Esto incumple la prohibición expresa de volcado que sigue vigente para la planta”, señalaron.
Fabián Maggi, abogado de la Asociación Foro Medio Ambiental (Fomea), fue categórico: “Atanor no solo reincide en prácticas contaminantes. También viola compromisos asumidos para poder reabrir la planta”. Esa fue la razón que motivó al letrado a presentar una nueva medida cautelar, con el objetivo de frenar definitivamente los vuelcos ilegales.
“No estamos ante un accidente. Esto es parte de un patrón sistemático de contaminación. Atanor opera con total impunidad, desobedece fallos judiciales y pone en riesgo a comunidades enteras”, sentenció Maggi en diálogo con medios locales.
Además, recordó que la firma ya fue condenada en 2023 por causar daño ambiental al volcar sustancias tóxicas al río sin tratamiento. “Pese a estar clausurado el vuelco, siguen usando bombas y mangueras ocultas para deshacerse de los residuos”, denunció.
Tras la audiencia del 13 de junio, la jueza Díaz Bancalari notificó tanto a la Fiscalía General de San Nicolás como a la Fiscalía Federal para que investiguen si los directivos y empleados de Atanor incurrieron en delitos de acción pública. La magistrada pidió además que este nuevo hecho se incorpore al expediente de la medida cautelar que había motivado la clausura de la planta el año pasado.
Como parte de la causa, solicitó también un nuevo informe técnico a la ADA para dimensionar el impacto ambiental de estos vuelcos irregulares y sus riesgos asociados.
La planta de Atanor en San Nicolás suma así otro capítulo a su ya extenso historial de conflictos. Desde explosiones hasta condenas judiciales, pasando por denuncias de contaminación del aire, el agua y el suelo, la empresa parece operar al borde de la legalidad. Hoy, las miradas vuelven a posarse sobre ella.
Mientras tanto, ambientalistas, vecinos y organizaciones exigen que el Estado actúe con más firmeza. “Hace falta una decisión política y judicial clara: si la empresa no puede operar sin contaminar, no debe operar”, apuntaron desde Greenpeace.
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