Redacción
Marcelo Bailaque ya no es juez federal. Su renuncia fue aceptada oficialmente por el Gobierno nacional, con efecto a partir del 1° de julio. La decisión le permite retirarse sin enfrentar el proceso de destitución que estaba en marcha ante el Consejo de la Magistratura, en el marco de gravísimas denuncias que lo involucraban con maniobras de encubrimiento, vínculos con el narcotráfico y manejos turbios en el sistema judicial de Rosario.
La carta de renuncia, fechada el 10 de junio, fue dirigida al ministro de Justicia de la Nación, y tramitada rápidamente por la administración nacional. Con la aceptación oficial, Bailaque se despide del juzgado federal N° 4 de Rosario sin atravesar un jury, aunque sin fueros, lo que deja abierta la posibilidad de que deba responder en el fuero penal ordinario.
El apartamiento de Bailaque llega cuando la presión política por su remoción ya era insostenible. Legisladores y dirigentes señalaban que se trataba de uno de los magistrados más cuestionados del fuero federal santafesino. La diputada provincial Lionella Cattalini, quien lo denunció públicamente, consideró que la renuncia “ratifica lo que se venía señalando desde el primer momento: existía una red de corrupción judicial con participación de funcionarios públicos, y Bailaque fue parte de eso”.
La salida del juez se produce luego de una defensa formal ante la Comisión de Acusación, donde rechazó los cargos que pesaban en su contra, entre ellos haber armado una causa con fines extorsivos, encubierto a narcos como Esteban Alvarado, y cometido irregularidades en el manejo de fondos de una cooperativa portuaria.
La aceptación de la renuncia —que algunos interpretan como una salida elegante pactada— lo deja habilitado para acceder a la jubilación, algo que provocó fuertes críticas desde distintos sectores. “Hoy se retira tranquilo, con jubilación de privilegio, gracias a la complicidad de quienes prometieron terminar con la casta”, lanzó Cattalini desde sus redes.
La historia de Bailaque resume con crudeza el deterioro institucional de parte del Poder Judicial federal. El retiro sin sanción deja más preguntas que certezas. Lo que sigue será el proceso penal, ya sin el blindaje que otorgan los fueros. El tiempo dirá si la Justicia llega hasta el fondo, o si este capítulo se suma a la larga lista de impunidades silenciosas.
