Redacción
La decisión del Gobierno nacional de suspender transitoriamente las retenciones a la exportación de granos y subproductos terminó generando más bronca que alivio en el campo. El esquema, que en principio se extendería hasta el 31 de octubre, se agotó en tiempo récord al cubrirse el cupo de US$ 7.000 millones en apenas tres días.
Desde entidades agropecuarias de todo el país coincidieron en que la medida solo benefició a quienes tenían capacidad financiera y logística para reaccionar de inmediato, dejando sin posibilidad de acceder al beneficio a pequeños y medianos productores. “Fue una transferencia de recursos brutal hacia el sector exportador”, alertaron desde la Federación Agraria Argentina.
Confederaciones Rurales Argentinas calificó la medida como un alivio inicial pero advirtió que terminó “distorsionando el mercado y generando más incertidumbre”, reclamando al Ejecutivo reglas claras y de largo plazo. Desde Coninagro señalaron que la medida “dejó una sensación amarga” y que “no alcanzó a derramar sobre el primer eslabón de la cadena”.
En Santa Fe, Carsfe expresó su malestar y pidió retrotraer la decisión, advirtiendo que “una medida tan corta solo benefició a unos pocos con capacidad de respuesta inmediata, dejando afuera a la mayoría de los productores santafesinos”.
Incluso desde la Sociedad Rural de Rosario apuntaron que el anuncio fue un “guiño que no fue al campo”, ya que se agotó rápidamente en manos de los grandes exportadores y generó exclusión. Desde Río Cuarto recordaron que “una medida de 72 horas es todo lo contrario a lo que requiere el productor, que necesita previsibilidad y reglas claras”.
El reclamo de fondo de las entidades es que la eliminación de las retenciones se transforme en una política de Estado, planificada y permanente, para dar previsibilidad y condiciones de inversión a toda la cadena agroproductiva.
