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Quiebra de ARSA: una década de desidia, abandono y 400 familias a la deriva

RAFAELA INFORMA reconstruye el derrumbe de la ex productora de los postres y yogures SanCor, que llegó a su fin tras años de irregularidades, promesas incumplidas y empresarios que desaparecieron dejando a cientos de trabajadores sin respuestas.

Info. General07/11/2025RedacciónRedacción
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La historia terminó como muchos temían: Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA) fue declarada oficialmente en quiebra por el Juzgado Comercial N°29 de Buenos Aires, bajo la firma del magistrado Federico Güerri. La medida, dictada a fines de octubre, marcó el punto final para una empresa que durante años produjo los postres, yogures y flanes con marca SanCor, y que hoy deja a más de 400 trabajadores en la incertidumbre absoluta.

El proceso judicial cierra una trama de maniobras empresariales confusas, salarios impagos y una cadena de desvíos financieros que se arrastra desde hace casi una década. En el origen de ARSA participaron fondos de inversión vinculados a BAF Capital —relacionados con el grupo Vicentin— y, más tarde, los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, también dueños de La Suipachense a través de Maralac S.A.. Su posterior desaparición precipitó un desenlace que muchos empleados califican como “una quiebra fraudulenta”.

A lo largo del tiempo, la empresa combinó falsas promesas de reactivación con pagos irregulares: sueldos en cuotas, adelantos mínimos “en negro” y años de incumplimientos previsionales. Solo en los últimos meses, los empleados cobraban el 25% del salario, mientras se acumulaban tres años y medio sin aportes a la obra social.

En la planta de Arenaza trabajaban unas 180 personas y en la de Córdoba otras 200. Muchos de ellos —desgastados por la espera— optaron por considerarse despedidos. Otros siguieron reclamando, con la ayuda alimentaria de ATILRA, intentando sobrevivir a una crisis que, finalmente, los dejó sin trabajo ni respuestas.

El juzgado ordenó ahora la liquidación total de los activos de ARSA, el bloqueo de sus cuentas, la clausura de las plantas y la inhibición de bienes de sus directivos, entre ellos Santiago Jesús Segovia Brun, quien deberá comparecer en audiencia el 11 de diciembre. En caso de no presentarse, podría ser conducido por la fuerza pública.

La sentencia también impuso la interdicción de salida del país para el administrador hasta junio de 2026, además de la inhabilitación definitiva de la sociedad y una suspensión temporal de un año para sus responsables.

El fallo judicial, que además dispone el traslado de más de 83 millones de pesos embargados en otra causa al expediente principal, da inicio al proceso de verificación de créditos hasta el 9 de febrero próximo.

Mientras tanto, el futuro de las plantas cerradas es incierto y los trabajadores esperan una respuesta que nunca llega. “Nos mintieron hasta el último día. Decían que iban a reactivar la producción, pero ya sabían que estaban fundidos”, contó uno de los empleados que resistió hasta el final.

El caso ARSA expone no solo la irresponsabilidad empresaria, sino también el silencio político y sindical que permitió el colapso sin reacción. Una cadena de promesas rotas que deja a cientos de familias sin sustento y a una industria emblemática en ruinas.

Hoy, mientras avanza la liquidación judicial, el derrumbe de ARSA es también el símbolo de una década de desidia, donde los que menos culpa tienen —los trabajadores— son quienes más pagan las consecuencias.

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