Un informe difundido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló un fuerte ajuste sobre el sistema universitario nacional y alertó sobre la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes desde la llegada del actual gobierno nacional.
Según el trabajo titulado “Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”, el presupuesto de las universidades nacionales sufrió una caída real acumulada del 32,5% entre 2023 y 2025, mientras que si se toma el presupuesto vigente proyectado para 2026, la reducción alcanza el 41,6% respecto de 2023.
El informe sostiene que el crédito vigente para universidades en 2026 asciende a $4,87 billones, aunque remarca que si se hubiera aplicado plenamente la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, el presupuesto habría llegado a $8,49 billones, es decir, un 35,1% más alto que el esquema proyectado por el Gobierno.
En paralelo, el CEPA advierte sobre una profunda pérdida salarial en el sector universitario. El estudio indica que entre noviembre de 2023 y abril de 2026 los salarios reales de docentes y no docentes cayeron un 34,2%, siendo el período más crítico el comprendido entre diciembre de 2023 y julio de 2024, cuando la inflación acumuló 134,6% y los salarios aumentaron solo 80,4%, provocando una pérdida real del 23,1%.
El trabajo también compara los salarios básicos universitarios con la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria correspondientes a marzo de 2026. En ese mes, la línea de pobreza para un hogar tipo 2 fue fijada en $1.434.464 y la línea de indigencia en $658.011.
Entre los docentes, solamente los titulares con dedicación exclusiva superan la línea de pobreza, con un salario bruto de $1.555.834, apenas $121.370 por encima de la CBT. En el caso del personal no docente, solo los niveles 1 y 2 logran superar ese umbral, con ingresos de $2.007.112 y $1.672.596 respectivamente.
El resto de los cargos docentes y gran parte del personal no docente quedan por debajo de la línea de pobreza. La situación se agrava en las dedicaciones simples y semi exclusivas, donde incluso muchos salarios no alcanzan la Canasta Básica Alimentaria. Por ejemplo, un auxiliar de segunda con dedicación simple percibe $174.157, mientras que un JTP simple cobra $260.580.
En relación con la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso en 2025, el informe recuerda que la norma fue vetada por el Poder Ejecutivo, luego ratificada por ambas cámaras y posteriormente suspendida mediante decreto. También señala que la Justicia ordenó su aplicación en diciembre de 2025, aunque el Gobierno impulsó más tarde un proyecto para modificarla.
Respecto de la propuesta oficial, CEPA cuestiona que la recomposición salarial prevista sea de apenas 12,3% anual, dividida en tres tramos de 4,1%, mientras que la inflación proyectada para septiembre de 2026 alcanzaría el 23,6%. Según el informe, esto implicaría una nueva pérdida del salario real de alrededor de 1,5 puntos porcentuales hacia fines del período.
El estudio además ejemplifica el deterioro salarial histórico con el caso de un Jefe de Trabajos Prácticos semi exclusivo sin antigüedad. Ese cargo pasó de percibir un equivalente a $1.187.482 en noviembre de 2015 a $584.413 en abril de 2026, lo que representa una pérdida real del 50,8%. Bajo el esquema propuesto por el Gobierno, el salario proyectado para septiembre de 2026 sería de $547.748, profundizando aún más la caída acumulada.
