Remuneraciones se recuperan, pero siguen abajo del 2017

El riesgo-país es un indicador que elabora el JP Morgan para medir la cantidad de puntos porcentuales adicionales que debe pagar de intereses el gobierno de un país por encima de los que pagan los bonos a 10 años del Tesoro de Estados Unidos. A modo de ejemplo, Chile y Uruguay tienen un riesgo-país de 100 puntos, Perú y Paraguay 150 y Brasil 200. Esto implica que los gobiernos de estos países pagan entre 1% y 2% más de interés que los bonos de Estados Unidos. En Argentina se ubica en 1.100, abriendo la posibilidad de que el gobierno argentino se puede endeudar en el exterior, pero pagando 11% más de tasa que Estados Unidos. 

El riesgo-país en Argentina bajó. Pero todavía sigue siendo muy alto. La reducción refleja menos desconfianza de la comunidad financiera internacional hacia la Argentina. Esta tendencia se alimenta seguramente por la convicción del gobierno con el equilibrio fiscal y la muy buena respuesta al blanqueo. Esto es bueno porque el próximo año hay vencimientos de deuda de un volumen imposible de afrontar sólo con superávit fiscal. Por lo tanto, es extremadamente importante poder pagar con nueva deuda parte de esos vencimientos.
El creciente optimismo financiero pareciera no tener correlato con el humor social. ¿Qué dicen las evidencias? Según la Secretaría de Trabajo y el INDEC se observa que:
•    El salario real formal actualmente es un 5% más alto que en diciembre del 2023 pero 20% inferior al promedio 2017.
•    El salario real informal es un 10% más alto que en diciembre del 2023 pero se estima que es un 56% inferior al promedio 2017.
Las jubilaciones reales nacionales son un 9% más altas que en diciembre del 2023 pero 44% más bajas que en el promedio 2017.

Estos datos muestran que en lo que va del gobierno los principales ingresos de la población –que son los salarios y las jubilaciones– mejoraron respecto al mes de asunción. Sin embargo, están muy lejos todavía del nivel que tenían en el 2017, que es el inmediato anterior a la crisis cambiaria e inflacionaria que se gatilló en el 2018 y que se estira hasta el presente. En otras palabras, los ingresos de las familias están mejorando, pero la brecha respecto al poder adquisitivo histórico sigue siendo muy grande. 

Lo mismo ocurre con la producción y el empleo. La actividad económica muestra atisbos de recuperación respecto a la fuerte caída de la primera mitad del año, pero todavía es insuficiente para traccionar al empleo formal. Por esta razón, el empleo asalariado registrado en empresas privadas sigue estancado y, como viene ocurriendo desde hace más de una década, el único empleo que sube es el Monotributo y la informalidad. 
Urge salir del dilema entre los objetivos de seguir bajando la inflación y el de impulsar más rápido la recuperación de la producción. La manera de compatibilizar ambos objetivos es acelerando las reformas estructurales.

El punto de partida es reconocer la creciente desconfiguración del régimen federal que ha llevado a que se acumulen solapamientos de gastos (la misma función del Estado está a cargo de los tres niveles de gobierno) y de impuestos (los contribuyentes deben pagar varios impuestos de los tres niveles de gobierno por el mismo hecho imponible). Esto, agravado por la perpetuación de un régimen de coparticipación de impuestos arbitrario que incentiva el parasitismo de las provincias. La deformación del federalismo es lo que genera los crónicos déficits financieros y de gestión que padece el sector público argentino.  

Es impostergable implementar el Acta de Mayo. Para esto hay que consensuar entre la Nación y una mayoría de provincias (no necesariamente todas) un conjunto de reglas explícitas que establezcan de manera clara y precisa los roles y las responsabilidades de cada nivel de gobierno –evitando los solapamientos de funciones–, unificar impuestos y sustituir la coparticipación por un esquema de distribución de competencias tributarias entre niveles de gobierno. Pasar de la etapa del ajuste a la del ordenamiento del Estado es la manera de generar un clima mucho más propicio para la producción. Especialmente porque las provincias estarán incentivadas a atraer inversiones y hacer prosperar a su población.