Silvana Giménez tiene 26 cicatrices. Redondeadas, lineales o en forma de cruz. Le salpican la espalda, suben al cuello, avanzan por los brazos hasta las manos, dibujan un largo trazo del esternón a la pelvis. Pasaron doce años desde que un preso con salidas transitorias la atacó a puñaladas en un camino rural de Casilda una noche de Año Nuevo. Ella estaba en un auto con su novio policía y no tardó en darse cuenta de que era un plan de los dos para matarla. El uniformado y el preso fueron detenidos, cumplieron condenas y pasó el tiempo, pero cada vez que observa esas marcas para Silvana “todo vuelve”: “Ninguno de ellos tiene mis cicatrices ni mis secuelas, que nunca se van a ir”.

La dieron por muerta y la tiraron a una zanja, pero Silvana sobrevivió a costa de daños irreparables. A los 35 años no puede hacer fuerza, las cosas pesadas se les caen las manos, respira con dificultad y tiene miedo de salir a la calle. Vive sola con sus hijos, un nene de 11 años y una nena de 2 a los que no podría criar sin la ayuda de sus padres. No puede trabajar y sufrió un altísimo daño psicológico que una pericia oficial fijó en un 60,12 por ciento.

Por todo esto presentó en 2011 una demanda civil contra el Estado provincial por fallar en su deber de cuidado. Es que el ataque fue cometido por un empleado policial en funciones y un preso bajo su esfera de vigilancia. Once años después, ese trámite llegó a su fin: la provincia de Santa Fe fue condenada a resarcir a la chica en 22 millones de pesos por el daño físico, moral, estético y psicológico que marcó su vida.

Es un fallo novedoso. El expediente no consigna antecedentes de condenas por la responsabilidad refleja del Estado en delitos cometidos por presos durante salidas transitorias o en libertad condicional. El trámite tuvo idas y vueltas. En 2018, el juez Civil, Comercial y Laboral de Casilda Gerardo Marzi hizo lugar a la demanda. Fijó un monto en un millón y medio de pesos por daño material y 750 mil por daño moral. El abogado de Silvana, José Lanza, consideró que la suma era muy baja y apeló.

Los jueces de la Cámara Civil rosarina Oscar Puccinelli, Gerardo Muñoz y María de los Milagros Lotti avalaron la condena, pero ordenaron revisar el monto. En julio del año pasado la jueza Clelia Gómez lo elevó a 9 millones. Una cifra que, sumada a intereses, arroja 22.786.554 pesos. Así quedó fijado en la planilla que este año cerró el expediente. Sobre ese cálculo, el juzgado intimó a la provincia a incluir la indemnización en el presupuesto oficial del año próximo.