Redacción
Lo que causa asombro es que Deme es la misma compañía que había denunciado anteriormente que el pliego de licitación estaba diseñado para favorecer al actual concesionario, Jan de Nul Grup, que había sido el licenciatario hasta 2021. Esta firma sigue realizando el dragado de la hidrovía bajo un contrato con la ex Administración General de Puertos (AGP), lo que alimentó sospechas de direccionamiento en el proceso licitatorio.
El gobierno había anticipado que la licitación podría ser declarada desierta si no se presentaban al menos tres competidores. La falta de ofertas genera incertidumbre sobre el futuro de la licitación y su continuidad.
El dragado y mantenimiento de la hidrovía constituye un negocio de gran escala, con una facturación anual estimada en 410 millones de dólares por el cobro de peajes, lo que podría representar más de 12.300 millones de dólares en tres décadas. Según fuentes especializadas, el concesionario obtendría una ganancia neta del 12% sobre lo facturado, descontando los gastos de infraestructura.
El proceso licitatorio comenzó oficialmente el 19 de noviembre de 2024, pero desde entonces, han surgido numerosos cruces entre las partes involucradas. Aunque 11 compañías mostraron interés y enviaron propuestas, solo Deme confirmó su participación al presentar su oferta técnica.
El proceso ha sido objeto de denuncias por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que advirtió sobre irregularidades graves en el procedimiento. Entre las principales observaciones se destaca la falta de estudios de impacto ambiental actualizados y el incumplimiento de normas que requerían la intervención del Ministerio de Economía para la aprobación de los pliegos.
La PIA también recibió denuncias de posibles oferentes sobre un presunto direccionamiento de la licitación hacia la empresa que actualmente realiza el dragado de la vía troncal, lo que podría afectar los principios de igualdad, transparencia y concurrencia. El organismo alertó que las omisiones en la elaboración de los pliegos podrían generar consecuencias graves, incluidas posibles sanciones administrativas o penales.
Esta no es la primera vez que la PIA interviene en un proceso licitatorio relacionado con el dragado de la hidrovía. En 2021, la PIA observó irregularidades en la Licitación Pública de Etapa Múltiple n.º 13/2021 y recomendó una serie de medidas correctivas.
El dictamen de la PIA concluyó con un llamado a la Agencia Nacional de Puertos para asegurar que el proceso licitatorio se ajuste a los principios de legalidad, razonabilidad, transparencia y publicidad, fundamentales en cualquier procedimiento de contratación estatal.
Con información de La Capital.
