Morir de desesperanza: el suicidio también es una cuestión del mundo del trabajo

Los suicidios en Argentina crecieron un 22,6% en un año y ya son la principal causa de muerte entre los varones jóvenes. Vale resaltar que otra de las cifras en ascenso en nuestro país es la tasa de desempleo que escaló a 7,9% en el segundo trimestre del año. Detrás de los números hay pymes cerradas, puestos de trabajo perdidos, obras sociales que no cubren y un Estado que se retira. Este drama también nos involucra a quienes defendemos el trabajo.

Las cifras que reflejan la gravedad de la situación

En 2025 se suicidaron 5.209 personas en el país, más de catorce por día. La tasa nacional llegó a 11,8 casos cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio mundial de 9,1. Un año antes, en 2024, habían sido 4.249. El salto es del 22,6%, y entre los varones jóvenes el suicidio ya superó a los siniestros viales como primera causa de muerte.

Las cifras de 2026 no muestran alivio. En el primer semestre, la provincia de Buenos Aires registró 899 muertes, la misma cantidad que en el mismo período del año pasado, y se espera que suban en la segunda mitad del año. En Chubut, entre enero y mediados de año ya hubo 48 casos, cuando en todo 2025 fueron 63. Mendoza sumó 147 entre enero y agosto. Entre Ríos, San Luis, Salta, Santa Cruz, Catamarca, Tucumán y Santa Fe encabezan el ranking por cantidad de habitantes, según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

Sería cómodo leer estos números como una suma de tragedias privadas. Los especialistas dicen lo contrario. El equipo de especialistas por riesgo suicida del 911 lo describen como “la manifestación extrema de una compleja red de vulnerabilidades sociales, psicológicas y biológicas”. Ningún factor alcanza por sí solo para explicarlo. El riesgo sube cuando esas vulnerabilidades se cruzan con una crisis. Y hoy, en la Argentina, buena parte de esas crisis empiezan en el trabajo o en su carencia.

Quedar afuera

El equipo de psicólogos de la línea 911 de provincia de Buenos Aires habla de una “patologización de la esperanza”. Cuando una persona queda afuera del trabajo, de la salud o de la educación, la espera de volver a entrar puede convertirse en una desesperanza abrumadora.

“No es que falten las ganas de vivir; es que el sujeto se aferra a una promesa de cambio que la realidad no cumple”, subrayan desde el equipo de psicólogos del 911.

El desempleo, la precarización y la pérdida de cobertura médica

Cualquier delegado sindical conoce la imagen del compañero despedido que manda currículums durante meses. Es la trabajadora que pasó a la informalidad y perdió la obra social. Es la familia que dejó de pagar la prepaga y ya no puede sostener el nivel de vida que tenía con el mismo esfuerzo. Las políticas de achique del Estado no mejoraron la situación social. Al contrario, dejaron sin amparo a los más vulnerables y empujaron a miles de personas hacia la pobreza o la indigencia.

A eso se suma algo nuevo que golpea sobre todo a los más jóvenes: las deudas por apuestas online y los créditos usurarios. En 2025 crecieron un 27% las consultas por juego compulsivo a la línea 147 La legalización del juego online dio el mayor registro que existe en la sociedad sobre esta problemática.

Con salarios que no alcanzan, el juego virtual y el préstamo fácil aparecen como salida y terminan siendo una trampa que encierra a pibes con pocas herramientas para salir de ese laberinto.

Los sujetos se encuentran con un **sistema laboral deprimido**, en transformación a un esquema más precario. En paralelo un sistema de salud pública con mayor demanda, más recortes presupuestarios y alejado de una organización social que lejos de abrazar y contener: discrimina.

“Poner el cuerpo”

La mayor parte de los casos de muertes autoprovocadas se concentra entre los 20 y los 39 años, la edad de mayor actividad laboral. Los varones de esa franja representan el 34,2% del total y las mujeres el 9,6%. El informe vincula esa diferencia con **los mandatos de la masculinidad dominante**: aguantar, no quejarse, no pedir ayuda. Desde chicos, a los varones se les enseña que mostrar miedo o tristeza es debilidad. Así se acostumbran a negar el dolor y a postergar el cuidado hasta que el cuerpo o la cabeza no dan más.

En el mundo del trabajo esa cultura se conoce bien. Está en el obrero que no se ausenta, aunque se sienta mal y en el que oculta su angustia para no quedar como “flojo”. También en el que siente que perder el trabajo es perder su lugar en la familia. Cuando el empleo, además de sustento, es identidad, su pérdida pesa el doble.

La otra cara es la de **las mujeres**. Ellas cargan con casi todo el trabajo de cuidado: la crianza, la atención de los mayores, el sostén de la familia. Un peso invisible, sin remuneración y con un costo alto en sus decisiones, que podría explicar el por qué ocupan sólo un 20% en dicha fatal estadística. En este sentido la línea 147 aporta otra evidencia, el mayor porcentaje de jugadores son varones y el porcentaje de consultantes mujeres lo hacen en preocupación de otro, hijo o pareja.

Un sistema de salud desbordado

En este escenario, el sistema que debería contener está colapsado. La **Ley Nacional de Salud Mental** obliga a destinar al menos el 10% del gasto total en salud a la salud mental. Hoy **se ejecuta apenas el 1,8%.** El 70% de las personas con trastornos severos no recibe tratamiento.

Entre 2019 y 2025, las internaciones por salud mental crecieron un 77% y las consultas ambulatorias un 134%. Así lo muestra el primer estudio nacional sobre atención en salud mental, que impulsó la subsecretaria bonaerense Julieta Calmels con más de una decena de provincias. Es un aumento sin precedentes, comparable solo con el de algunas enfermedades infectocontagiosas.

Las consecuencias de perder el trabajo y la obra social

Calmels apunta a una causa directa: **la pérdida de empleo y la caída de la cobertura de las obras sociales**. Según el estudio, solo el 20% logra garantizar el Programa Médico Obligatorio (PMO). A eso se suma la gente que abandona la prepaga. Quien pierde el trabajo pierde también la cobertura, y termina en un hospital público que no da abasto.

Mientras tanto, el Gobierno nacional cerró el Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA), que funcionaba desde el regreso de la democracia, y empuja en el Congreso una reforma de la Ley de Salud Mental que las provincias rechazan. También está vigente la Ley 27.130 de Prevención del Suicidio. Obliga a obras sociales, prepagas y al sistema público a dar atención continua y prohíbe interrumpir los tratamientos. Pero una ley sin presupuesto ni coordinación federal queda en el papel.

Lo que nos toca

Hay que decirlo claro: el desempleo, la precarización y el deterioro del salario también son determinantes de la salud mental. Por eso la defensa del trabajo digno es, además, una **política de prevención**. Como señala Calmels, “sin transformaciones en las condiciones de vida, no es posible construir mejoras sostenidas en la salud mental de la población”.

El movimiento obrero tiene responsabilidades concretas. Una es sostener y fortalecer las obras sociales sindicales como redes de atención en salud mental. Otra es llevar el tema **a los convenios colectivos y a los comités de salud y seguridad.** También hay que formar a delegados y delegadas para detectar señales de alarma y acompañar. Y hay que romper, en cada lugar de trabajo, el mandato de aguantar en silencio.

Invertir en salud mental no es un gasto. Es cuidar la vida de los trabajadores y trabajadoras. Y cada uno de esos 5.209 nombres nos recuerda que la desesperanza también se combate con trabajo, con derechos y con organización.