"¿Por qué un Estado laico delega en una organización religiosa la implementación de aspectos importantes de esta ley que garantiza derechos humanos?". "¿Por qué una ley que requiere del trabajo mancomunado de distintos sectores estatales, incluyendo al Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, convoca a un sector particular religioso?". "¿Por qué no se ha convocado a las organizaciones de mujeres, feministas y disidencias sexuales a participar de la instrumentación de los talles de formación y acceso a la información, considerando la experticia en la temática?". Las preguntas son parte del rechazo que provocó en una decena de organizaciones de mujeres la firma de un convenio entre el Ministerio de Salud santafesino y la fundación que encabeza el sacerdote Ignacio Peries para la implementación en la provincia de la ley nacional 27.611, también conocida como "Ley de los 1000 días".

El convenio fue firmado y anunciado el pasado 3 de junio con la participación del sacerdote y de la ministra de Salud, Sonia Martorano. La propia funcionaria explicó ese día que “la ley tiene que ver con el cuidado de embarazadas, de niños y niñas en sus primeros 3 años de vida" y señaló que "el acuerdo de cooperación pone en valor y trabaja con la impronta que le impone la fundación”.

Un paso que no hace más que "contradecir todas las normativas de derechos humanos de las mujeres y la jurisprudencia internacional", indicaron desde las organizaciones de mujeres, institutos y centros de estudios de Rosario y la provincia, por lo que exigen "se deje sin efecto".

A través del convenio, tanto el Ministerio de Salud como la fundación Padre Ignacio, se comprometen a implementar talleres y espacios de formación, participación y acceso a la información para mujeres, personas gestantes y sus familiares, sobre aspectos relevantes vinculados al derecho a la salud integral que constituyan los ejes priorizados por la autoridad de aplicación de la “Ley de los 1.000 días”.

La firma del acuerdo provocó "la preocupación", "el rechazo" y el pedido de que se deje "sin efecto" el acuerdo por parte una decena de organizaciones de mujeres y diversidades, muchas de ellas nucleadas en el Comité Feminista de Rosario.

El reclamo se fundamenta en que justamente la ley establece prácticas de protección de los entornos de crianza en los primeros años de vida, adoptando una perspectiva de ampliación de derechos y asegurando un sistema integral de cuidado a través de políticas de ingreso, identidad, salud, desarrollo social, educación, género y cultura y que con este acuerdo son delegadas a una entidad religiosa.

Garantizar derechos

El Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), el Centro de Estudios Feministas Jurídicos y Sociales (Cefejus), la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, Programa de Género y Sexualidades de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), además de organizaciones como Lxs Safinas, Nanas Socorristas en Red, Mujeres en Ronda de Totoras y Varones Trans y No Binaries Santa Fe cuestionaron el convenio durante el fin de semana a través de un duro comunicado.

Para las organizaciones, la firma de un convenio con un sector religioso para garantizar derechos humanos constitucionales "contradice todas las normativas de derechos humanos de las mujeres y la jurisprudencia internacional", derechos que están garantizados a través de la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer -conocida como la Convención de Belém do Pará-, así como en la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Identidad de Género.

"De haberse considerado la necesidad de articular con sectores no estatales, ¿por qué no se ha convocado a las organizaciones de mujeres, feministas y disidencias sexuales a participar de la instrumentación de los talles de formación y acceso a la información, considerando la experticia en la temática?", fue otra de las preguntas que lanzaron desde las organizaciones que de plano plantearon el "rechazo" del acuerdo.

"Exigimos que se deje sin efecto y que se cumpla con las leyes vigentes en la materia y se convoque a las instancias estatales correspondiente para darles cumplimiento", reclamaron bajo la consiga “Iglesia y Estado, asuntos separados”.

Autonomía de los cuerpos

Otro de los puntos de rechazo que se expuso es la posición que históricamente sostuvo la Iglesia, que se opuso al reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos, así como a reconocer y respetar la diversidad sexual.

En ese sentido, desde el Comité Feminista de Rosario señalaron que "es la institución eclesiástica la que sistemáticamente pretende disciplinar el cuerpo de las mujeres y personas gestantes desde hace siglos", por lo que dejaron en claro su "desconfianza en acuerdos y convenios con sectores que históricamente han negado derechos, sobre todo al colectivo de mujeres y LGTBIQ+".

En ese marco, recordaron que la llamada "Ley de los 1000 días" es una ley que "tiene enfoque de género y diversidad, cuyo cumplimiento es el compromiso de una mesa interministerial donde salud es la que coordina, pero están Educación, Género, Diversidad, Desarrollo Social y Ansés".