Redacción
En el primer punto de tensión, el Consejo accedió a la venta del edificio de Cerviño 3100, en Barrio Norte, por una base de 6,37 millones de dólares, así como a la cesión de tierras del INTA en Cerrillos, Salta. Sin embargo, condicionaron estas transacciones a que los fondos generados sean reinvertidos en el organismo. Pese a la oposición de representantes de universidades y la Federación Agraria, la mayoría respaldó la decisión.
Otro tema crítico fue la propuesta del secretario de Agricultura, Juan Pazo, de incorporar ocho funcionarios externos a áreas clave del INTA, decisión que fue rechazada. En su lugar, se acordó la creación de un consejo consultivo con cuatro integrantes externos, lo que generó controversia por considerarse una forma de intervención política.
Finalmente, se estableció un plazo de 75 días para evaluar la dotación de personal y proponer una reestructuración. Esto permitió frenar el despido de 227 empleados contratados en 2023, una medida anunciada previamente sin consenso. Mientras el INTA enfrenta presiones, el Consejo Directivo busca equilibrar modernización con preservación de sus principios fundacionales.
