A tres meses de la intervención de la obra social Osprera, perteneciente al gremio UATRE, la situación se agrava con 21 casos judicializados debido a la falta de prestaciones médicas. De estos, cuatro casos alcanzaron instancias penales por desobediencia a sentencias judiciales que exigían el cumplimiento de derechos básicos de los afiliados.
Nacionales18/01/2025
Redacción
Crisis sanitaria tras la intervención
El 26 de octubre de 2024, el gobierno nacional dispuso la intervención de Osprera mediante la resolución n°3948/24 de la Superintendencia de Servicios de Salud. Desde entonces:
Servicios interrumpidos: Se reportaron cortes en prestaciones, entrega de medicamentos y tratamientos médicos, incluso en casos graves.
Judicialización en aumento: Los amparos presentados incluyen reclamos por medicación oncológica, prótesis y tratamientos para enfermedades críticas.
Casos destacados por provincia
Buenos Aires:
Junín, Necochea, Mar del Plata, Bahía Blanca y San Nicolás suman 8 casos.
San Nicolás destaca con demandas penales por incumplir la entrega de medicación.
Santa Fe:
2 casos judicializados, uno por falta de medicación para discapacidad y otro por cirugía con prótesis.
Córdoba:
4 casos, incluidos Río Cuarto y Villa María, uno derivado en causa penal por no cubrir una cirugía de cadera crítica.
Otras provincias:
Entre Ríos, Río Negro, Salta y Tucumán presentan casos similares, con demandas penales en algunas jurisdicciones.
Denuncias del gremio
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) denunció:
Irregularidades en la intervención: Realizada fuera del horario administrativo, bloqueando el derecho a defensa.
Bloqueo de cuentas bancarias: Detuvo la cadena de pagos necesaria para garantizar la atención médica de los afiliados.
Impacto masivo: Más de 700.000 afiliados y sus familias enfrentan serias dificultades para acceder a medicación y tratamientos.
FUENTE: Mundo Gremial
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