El Ministerio de Seguridad ha implementado una medida drástica para frenar las prácticas delictivas dentro de las cárceles federales.
Nacionales05/02/2025
Redacción
Desde este martes, se prohíbe el contacto físico entre los presos de alto riesgo y sus visitas, luego de descubrirse que estos reclusos seguían enviando órdenes a organizaciones criminales desde el interior de las prisiones. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, establece restricciones severas en las unidades penitenciarias de todo el país, limitando los encuentros presenciales y ampliando los controles.
La medida se implementó tras detectar que los internos de alto perfil criminal utilizaban las visitas para coordinar actividades ilícitas. Ya el año pasado, el Ministerio había establecido un protocolo para restringir los contactos, pero la reciente medida responde a la sospecha de que los reclusos intentaban vulnerar los controles, utilizando a sus familiares y abogados como mensajeros para transmitir órdenes al exterior.
A partir de ahora, los presos de alto riesgo solo podrán recibir la visita de hasta dos familiares directos mayores de 16 años y de sus hijos menores, cada 15 días. Estas visitas se realizarán exclusivamente en locutorios, sin contacto físico. Además, las salas de visitas serán equipadas con mamparas, y se reducirá el número de encuentros mensuales, mientras que se intensificarán las requisas tanto a los internos como a los visitantes.
La investigación reveló que los internos recurrían a métodos como señas, notas ocultas, microcápsulas con mensajes ingeridas por las visitas e incluso códigos disimulados en conversaciones aparentemente inofensivas. Estos métodos eran utilizados para sortear la seguridad y seguir operando fuera de las cárceles, lo que ha llevado a una revisión completa de los protocolos de seguridad.
El Servicio Penitenciario Federal está reforzando los controles en los pabellones de alta seguridad y planea implementar nuevas tecnologías, como inhibidores de señal para celulares y sistemas de videovigilancia más avanzados. Además, se evalúan sanciones más severas para aquellos internos que intenten burlar las medidas.
Esta acción se enmarca dentro del esfuerzo por garantizar que las prisiones no se conviertan en centros de operaciones para el crimen organizado. Según fuentes judiciales, la cárcel debe ser un espacio para la reinserción social, no un refugio para la continuación de actividades ilícitas.
Con información de El Litoral.
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