
Un informe revela que siete de cada diez hectáreas se cultivan en tierras alquiladas, mientras los pequeños productores son mayoría pero las grandes empresas concentran la superficie.
El Gobierno sostiene la amenaza de restituir los derechos de exportación a partir de julio. El campo, expectante, advierte que una marcha atrás podría frenar inversiones y achicar la producción, sobre todo en regiones alejadas de los puertos.
Info. Agro15/06/2025El alivio que trajo la baja temporal de retenciones a granos parece tener fecha de vencimiento. A pesar de las expectativas del sector agropecuario, el propio Presidente ratificó que la reducción en los derechos de exportación (DEX) caducará a fines de junio. La decisión mantiene en vilo a productores y empresas, que habían interpretado la medida como un primer paso hacia su eliminación definitiva.
La incógnita es doble: ¿se trata de una estrategia para acelerar ventas en la primera mitad del año o de una necesidad urgente de caja para el segundo semestre? Sea como fuere, el regreso a las alícuotas anteriores tendría efectos concretos: menor rentabilidad, menor inversión y, sobre todo, menos incentivos para producir en zonas extrapampeanas, donde el negocio ya opera al límite.
Diversos modelos productivos muestran el impacto que tendría una suba de DEX en empresas que manejan 500 hectáreas con soja y maíz. En la zona núcleo (sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe y norte bonaerense), el retroceso sería del 11% al 12% de la rentabilidad, mientras que en regiones extrapampeanas (como el norte de Córdoba, Santiago del Estero o Tucumán) las pérdidas podrían escalar hasta el 74%. La diferencia radica en los menores rindes, mayores costos logísticos y menor acceso a tecnologías que sufre el interior profundo.
El impacto sería mayor en los campos alquilados, donde la presión de los costos fijos reduce aún más el margen. El impuesto, además de distorsivo, desalienta la incorporación de maquinaria, semillas de última generación y fertilizantes. La consecuencia es una reducción de la base imponible a futuro, tanto para el Estado como para las economías regionales.
Según estimaciones, una eventual suba de retenciones podría generar unos USD 930 millones extra, si quedara pendiente de comercialización cerca de la mitad del maíz, el 60% de la soja y el 20% del trigo de la campaña 2024/2025. No es poco, pero tampoco decisivo: representaría apenas el 0,1% del PBI. En otras palabras, una ganancia fiscal de corto plazo que podría costar más de lo que rinde.
Para muchos referentes del agro, volver a subir las retenciones sería un mensaje contradictorio con el rumbo prometido por el Gobierno: menos presión impositiva, mayor previsibilidad y condiciones claras para producir e invertir.
La clave está en el equilibrio entre las necesidades fiscales inmediatas y la estrategia de crecimiento a largo plazo. El campo ya ha demostrado que, sin castigos impositivos, puede convertirse en un motor de expansión, empleo y divisas. Subir retenciones sería ir en sentido contrario, en un contexto que exige señales firmes y consistentes.
Desde varios espacios técnicos ya se han propuesto alternativas para reemplazar gradualmente los DEX sin desfinanciar al Estado, apostando a una mayor recaudación a través de otros tributos menos distorsivos.
Por ahora, todo parece depender de una decisión política que se conocerá pronto. Pero el mensaje del campo es claro: más impuestos hoy implican menos país mañana.
Un informe revela que siete de cada diez hectáreas se cultivan en tierras alquiladas, mientras los pequeños productores son mayoría pero las grandes empresas concentran la superficie.
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