Un artículo elaborado por la Fundación Barbechando, en base a información aportada por CREA, muestra que con el retorno de las anteriores alícuotas de retenciones, la soja, en campo alquilado, es "inviable" en el 80% del país, mientras que el maíz lo es en un 60%.
Info. Agro29/06/2025
Redacción
El reloj avanza y la cuenta regresiva para la caducidad del decreto que implementó una baja temporal en las retenciones mantiene en vilo al sector agroindustrial argentino.
En un contexto de definiciones cruciales, legisladores de distintas bancadas, junto a referentes de entidades como CREA, FADA y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, han puesto sobre la mesa la imperiosa necesidad de reevaluar una política pública que, lejos de beneficiar, se ha demostrado regresiva y perjudicial para el desarrollo federal y el ingreso de divisas al país.
La evidencia es contundente: volver atrás con las alícuotas de retenciones implicaría un golpe directo a los productores y, por ende, una restricción en la acumulación de reservas. Sin embargo, las entidades reunidas cranearon tres caminos posibles.
RETENCIONES: LA “INVIABILIDAD” DE LA SOJA
El debate, de acuerdo con un repaso de la Fundación Barbecjando, se centra en tres caminos bien definidos, cada uno con sus propias implicancias económicas y sociales para Argentina:
El escenario más temido es el retorno a las alícuotas anteriores para los cultivos de gruesa, que está prácticamente confirmado salvo que surja una noticia de último momento, lo que se traduce en un aumento de los derechos de exportación.
Los datos de CREA son alarmantes: el 80% de la superficie destinada a la soja en campos arrendados resultaría inviable, con los productores obteniendo un resultado nulo, mientras el Estado percibiría un 33% en concepto de DEX.
El panorama para el maíz no es menos desalentador, con un 60% de la superficie en condiciones de inviabilidad económica. Este camino no solo ahogaría la producción, sino que socavaría la base económica de numerosas localidades del interior del país.
Si bien no es la solución definitiva, sostener las alícuotas con la rebaja provisoria actual representaría un alivio significativo. Aunque, como se mencionó, esa posibilidad es ínfima y solo podría surgir de algún decreto sorpresivo que aparezca este lunes en el Boletín Oficial.
Pero la realidad que el campo busca mostrarle a Javier Milei y a Luis Caputo es que este escenario mejora notablemente los resultados económicos para la soja y el maíz, triplicando el potencial de superficie viable a un promedio del 50% de las tierras cultivables.
En términos fiscales, FADA estima un costo fiscal neto de USD 608 millones (0,12% del PBI 2025), cifra que se vería parcialmente compensada por un aumento en la recaudación del Impuesto a las Ganancias debido a la mejora en el precio percibido por el productor.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires refuerza este análisis positivo, proyectando un aumento en la producción a 147 millones de toneladas y, en consecuencia, un mayor volumen exportado.
Además, a largo plazo, el impacto fiscal se compensaría e incluso generaría un saldo positivo de 345 millones de dólares, resultando un impacto neto de solo el 0,07% del PBI. Pero quizás el efecto más tangible y deseable es la estimación de 55 mil nuevos puestos de trabajo hacia 2028/2029, un derrame laboral fundamental para la economía.
Este es, sin duda, el escenario más prometedor y virtuoso. Un cronograma de reducción progresiva de los DEX no solo impulsaría un aumento de la superficie sembrada y una mejora sustancial en la rentabilidad (solo un 12% del maíz quedaría sin márgenes positivos), sino que también incentivaría el uso de tecnología, como fertilizantes y maquinaria.
Esto se traduciría en una mayor eficiencia y una competitividad a largo plazo para el sector agroindustrial, impulsando un desarrollo integral del país.
Desde Barbechando, entonces, la convicción es clara: la oportunidad de eliminar de forma definitiva los derechos de exportación es ahora. La alta presión impositiva y el deterioro progresivo de la cadena agroalimentaria impiden el pleno desarrollo de productores, pymes y empresas agropecuarias.
La propuesta es que esta eliminación se concrete vía ley y sea debatida en el Congreso de la Nación, asegurando así un fin permanente a las retenciones y sentando las bases para un futuro más próspero para el campo argentino y la economía nacional.
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