Redacción
La situación en Lácteos Verónica ya no se oculta detrás de eufemismos. Mientras la empresa pide formalmente aplicar un "proceso preventivo de crisis", los trabajadores sostienen que el verdadero plan en marcha es otro: vaciar las plantas, despedir en masa y desarticular las condiciones laborales con respaldo del Estado.
La firma, con tres sedes en Clason, Lehmann y Suardi, quiere avanzar con 200 despidos, suspensiones aleatorias y una baja del convenio colectivo, lo que implicaría salarios a la mitad para quienes logren conservar su empleo. Todo esto, según plantean los delegados, sin justificación económica real.
Rodolfo Rodríguez, trabajador de la planta de Clason, fue claro: “Prácticamente no queda nada. Nos sacaron insumos, materia prima, nos deben sueldos desde mayo. Y ahora este proceso preventivo es la estocada final”. La sospecha de fondo es contundente: la supuesta crisis sería una puesta en escena empresarial para esquivar pasivos y trasladar recursos a otra firma controlada por los mismos dueños.
Ese vínculo aparece con el nombre de Las Becerras S.A., una sociedad manejada por la familia Espiñeira —accionistas mayoritarios de Verónica— que desde hace un tiempo desvía leche cruda hacia otras firmas como La Tarantela, en lugar de abastecer a sus propias plantas. “Tienen tambos propios. Antes, esa producción iba a Verónica. Hoy, la están sacando”, denuncian desde dentro.
En medio de este escenario, la Secretaría de Trabajo de la Nación convocó a una audiencia entre las partes, prevista para este viernes. El encuentro será virtual, y no hay grandes expectativas entre los trabajadores. “No logramos una sola charla seria desde que comenzó esto. El Ministerio actúa más como garante del ajuste que como mediador”, expresaron.
El malestar se multiplica por la falta de transparencia en operaciones recientes: ventas de campos entre firmas del mismo grupo, maniobras de desinversión y fuga de divisas que, para los delegados, muestran el mismo patrón que escándalos empresariales recientes como el de Vicentin.
El conflicto ya escaló a nivel político. El diputado nacional Eduardo Toniolli se reunió con trabajadores en Totoras y denunció que la empresa “vació progresivamente las plantas con total impunidad”. También el legislador provincial Carlos Del Frade fue categórico: “Esto no es una crisis económica. Es un conflicto armado desde adentro para despedir gente y achicar el negocio trasladando activos a otra firma del mismo grupo”.
A todo esto se suma un dato no menor: la familia Espiñeira blanqueó entre 40 y 420 millones de dólares en el sinceramiento fiscal de 2017. Parte de esos fondos, según fuentes del sector lácteo, provendrían de exportaciones subfacturadas de leche en polvo durante la última década.
Con trabajadores al borde del colapso, sueldos impagos, y un entramado empresarial cada vez más opaco, la pelea en Lácteos Verónica ya no es sólo laboral. Se volvió una disputa por la verdad detrás del discurso de la crisis.
