RedacciónEl abogado constitucionalista y profesor de la Universidad de Buenos Aires Félix Lonigro dialogó con Gerardo Zanoni en el programa Reencuentro, que se emite por GZ Radio FM 100.7, y analizó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional abordado durante la entrevista, con especial atención en el apartado referido a la denominada “desinformación masiva”.
Lonigro concentró sus principales reparos en la posibilidad de incorporar una figura penal vinculada a campañas de desinformación asociadas a intereses extranjeros. A su entender, una formulación de ese tipo puede abrir un margen demasiado amplio de interpretación y terminar alcanzando a periodistas o medios de comunicación.
Según explicó, una de las dificultades aparece al momento de determinar qué se entiende por desinformación y quién establece cuándo una publicación, comentario o cobertura periodística queda comprendida dentro de esa categoría.
Para el constitucionalista, el problema no pasa únicamente por una eventual sanción posterior, sino también por el efecto que una norma de esas características podría provocar antes de que alguien decida expresarse.
El riesgo de la autocensura
Lonigro sostuvo que una regulación de este tipo podría llevar a periodistas, comunicadores o ciudadanos a limitar lo que dicen por temor a enfrentar consecuencias penales.
“La libertad de expresión es irregulable, es decir, no es reglamentable”, planteó durante la entrevista, y recordó que se trata de un derecho protegido tanto por la Constitución Nacional como por tratados internacionales.
En ese sentido, diferenció la censura previa de otro fenómeno que considera igualmente preocupante: la autocensura.
Según su análisis, aunque una norma no impida expresarse de antemano, la existencia de una amenaza penal puede generar que una persona decida directamente no hablar, no publicar o moderar una crítica para evitar posibles consecuencias.
El Congreso, como instancia decisiva
Consultado sobre las posibilidades de que una iniciativa con estas características avance, Lonigro remarcó que, al tratarse de materia penal, necesariamente debe intervenir el Congreso de la Nación.
Explicó que el tratamiento legislativo permitiría discutir cada uno de los artículos por separado y eventualmente introducir modificaciones o eliminar aquellos puntos que no alcancen los consensos necesarios.
“El proyecto tiene que pasar por el Congreso”, señaló, al tiempo que consideró probable que el apartado referido a la desinformación genere una discusión particular durante el debate parlamentario.
También recordó que la Constitución impide al Poder Ejecutivo legislar mediante decretos de necesidad y urgencia sobre materia penal, por lo que una eventual tipificación de una nueva conducta delictiva requiere una ley sancionada por el Congreso.
Una discusión atravesada por la polarización
Más allá del contenido estrictamente jurídico, Lonigro también hizo referencia al clima político con el que suelen discutirse este tipo de iniciativas.
Consideró que la fuerte polarización dificulta analizar los proyectos artículo por artículo y diferenciar aquellos puntos que pueden resultar razonables de otros que merecen cuestionamientos.
A su entender, buena parte de la discusión pública termina reducida a posiciones cerradas a favor o en contra del Gobierno de turno, sin detenerse suficientemente en el contenido concreto de cada propuesta.
Para Lonigro, esa dinámica representa un problema institucional porque impide construir debates más objetivos sobre cuestiones que afectan derechos constitucionales.
Durante la conversación en GZ Radio, el constitucionalista dejó en claro que su principal preocupación no está puesta en la discusión sobre la protección de los recursos naturales o la soberanía nacional, sino en la incorporación dentro de ese mismo proyecto de disposiciones que, según su interpretación, podrían afectar la libertad de expresión.
