Redacción
El inminente debate por la reforma constitucional en Santa Fe reavivó un reclamo que viene creciendo desde distintos sectores del ámbito judicial: asegurar que el Servicio Público Provincial de Defensa Penal cuente con un lugar explícito en la Carta Magna. El pedido no es aislado. Este martes, representantes de defensorías públicas de todo el país llegaron a Santa Fe para expresar su apoyo al planteo local.
En la sede de la Defensa, la titular del organismo, Estrella Moreno Robinson, encabezó un encuentro con la prensa junto a Ariel Alice (Defensor General de Río Negro y coordinador del Consejo Federal de Defensores), María Fernanda López Puleio (de la Defensoría General de la Nación) y Maximiliano Benítez (Defensor General de Entre Ríos). Todos coincidieron en la misma consigna: una defensa con verdadera independencia solo es posible si tiene autonomía plena, presupuesto propio y competencia integral.
“El caso de Santa Fe es particular, porque la defensa penal está escindida del resto de la estructura y carece de integración. Eso tiene que cambiar”, advirtió Benítez. En la misma línea, Robinson subrayó que “no alcanza con estar mencionados en una ley; necesitamos rango constitucional para garantizar el acceso real a la justicia de los sectores más vulnerables”.
El respaldo nacional se sumó a las gestiones que la titular santafesina ya había iniciado en Rosario con otros convencionales constituyentes. El objetivo es claro: lograr que el texto reformado consagre una defensa pública fuerte, con los mismos niveles de independencia y jerarquía que hoy tienen el Ministerio Público de la Acusación o el Poder Judicial.
Una deuda institucional
Desde las distintas jurisdicciones que acompañaron el planteo se destacó el modelo argentino de defensa pública, reconocido por organismos internacionales y juristas como Luigi Ferrajoli. Pero también se remarcó la necesidad de adaptarlo a los nuevos estándares del Estado social de derecho, donde la tutela a personas en situación de vulnerabilidad debe ser una prioridad.
“La autonomía debe ser real, no delegada ni limitada por otras áreas del Estado. Sin eso, no se puede hablar de equidad dentro del sistema judicial”, advirtió Robinson. Además, insistió en que los mecanismos de remoción de defensores deben ser internos y no estar sometidos a otros poderes. También se pidió garantizar la equiparación salarial con jueces y fiscales.
Una oportunidad histórica
Desde Nación, López Puleio advirtió que los próximos dos meses serán clave. “Debemos seguir de cerca cada paso de la convención. No se trata solo de un cambio institucional, sino de cómo se garantiza o no el acceso a derechos básicos en todo el territorio”.
El planteo fue claro: Santa Fe tiene la oportunidad de dejar atrás un modelo fragmentado, y de sumarse a la mayoría de las provincias que ya reconocen en su constitución una defensa pública integral. El debate empieza el lunes. La expectativa, también.
