Crisis sin fin: Vicentin cierra sus plantas y agrava el conflicto judicial y laboral

La empresa agroexportadora Vicentin anunció este sábado el cierre total de sus plantas en Ricardone y Avellaneda, en una decisión que impacta de lleno en el corazón del sector agroindustrial argentino. La compañía justificó la medida como “una acción para proteger los activos” en medio de una crisis que arrastra desde 2019 y que, a día de hoy, la deja sin ingresos, sin granos y sin fondos para pagar sueldos.

En un comunicado emitido el 6 de abril, el directorio señaló que no cuenta con recursos para afrontar la nómina salarial de marzo ni contratos de fasón activos que sostengan la operación, su única fuente de ingresos desde que dejó de comercializar mercadería propia. En este contexto, más de 1.000 trabajadores directos y 3.000 indirectos quedaron en la incertidumbre.

“Nos vemos obligados a ordenar el cierre seguro de todas las plantas en operación”, expresaron. El escenario financiero es tan asfixiante que incluso se adeudan más de $400 millones a la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, lo que podría derivar en el corte de suministro eléctrico.

Sin solución a la vista
Esta semana, el juez del concurso convocó a ACA y Bunge-Viterra, dos inversores estratégicos, con el objetivo de reactivar los fasones. Sin embargo, nadie se presentó, lo que terminó de sepultar la posibilidad de continuar con la actividad industrial en el corto plazo.

Desde el sector agroindustrial, la medida fue leída como una maniobra de presión hacia los inversores y la Justicia santafesina, que aún no homologó el acuerdo concursal logrado con más del 70% de los acreedores. La compañía apuesta a que este paro total acelere decisiones clave.

Panorama judicial y gremial
A la crisis operativa se suma un frente judicial en pleno ascenso. La semana pasada, la Justicia de Rosario dictó prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Están acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por más de 600 millones de dólares, en una causa que investiga desvío sistemático de fondos, balances falsos y maniobras financieras fraudulentas.

En paralelo, el gremio aceitero está en alerta máxima y advirtió que si no se abonan los salarios adeudados en los próximos días, podrían lanzarse medidas de fuerza que afecten a toda la industria.

Un gigante al borde del colapso
Vicentin supo ser una de las agroexportadoras más importantes del país, con una capacidad de molienda que representaba el 10% del total nacional. Hoy, con sus plantas paralizadas, un futuro incierto para miles de trabajadores y una causa judicial de alto impacto, el desenlace del caso preocupa a toda la cadena agroindustrial argentina.

La posibilidad de que la Corte Suprema de la Nación tome intervención podría abrir un nuevo capítulo en una historia que, por ahora, no encuentra salida.