Redacción
El sistema previsional argentino vuelve a estar en el centro del debate. Con la reciente aprobación en el Senado, el Congreso sancionó una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que incorpora aumentos adicionales a los ya previstos por inflación. Si bien el Ejecutivo ya anunció su intención de vetarla, la posibilidad de que el Parlamento insista con su aplicación mantiene abierta la expectativa de miles de jubilados y pensionados.
De avanzar, la medida impactaría en los ingresos mensuales desde agosto, con una suba general del 7,2% sobre los haberes y una mejora considerable en el bono que perciben quienes cobran la mínima, que pasaría de $70.000 a $110.000.
Para quienes perciben la jubilación mínima, los ingresos en julio alcanzan $379.294,79 si se suma el bono. En agosto, con la nueva ley vigente, ese total escalaría a $441.564, producto de un haber base de $331.564 más el refuerzo mensual de $110.000. El salto representa un incremento de $62.269, equivalente a un 16,4%.
En los haberes más altos también se vería reflejada la actualización. La jubilación máxima pasaría de $2.081.261 en julio a $2.231.111 en agosto, una mejora superior a los $149.000. En tanto, para los jubilados con aportes completos que perciben un haber promedio de $900.000, la suba proyectada elevaría ese ingreso a $964.800, con una diferencia de $64.800.
El Gobierno ya anticipó que vetará la norma por su impacto fiscal, pero la discusión podría reabrirse si el Congreso logra reunir los votos necesarios para rechazar el veto presidencial. Mientras tanto, los beneficiarios siguen pendientes de una definición política que, de concretarse, implicaría una mejora real en sus ingresos frente al deterioro inflacionario.
