1 de cada 3 afiliados a obras sociales deriva aportes

El sistema de obras sociales nacionales está conformado por las obras sociales sindicales (para trabajadores y sus familias cubiertos por convenios colectivos de trabajo) y obras sociales de personal de dirección (para ejecutivos, profesionales y trabajadores no cubiertos por convenios colectivos). Originalmente la afiliación era compulsiva a la obra social del sector. En la década de los 90’ se estableció la libre elección entre obras sociales. Esto dio pie a que las prepagas hicieran convenios con algunas obras sociales para que los afiliados de mayores ingresos deriven su aporte a ellas a cambio del pago de una comisión a la obra social derivadora. Esto se conoce como “derivación de aportes”.

El año pasado se habilitó la entrada de las prepagas al sistema de obras sociales nacionales. Es decir, ahora pueden optar por recibir los aportes sin la intermediación de una obra social. Sin embargo, con un extraño instrumento legal (Resolución 1/2025 de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud) se dispuso que los afiliados que derivan aportes tienen que enviarlos directamente a la prepaga, o bien, quedarse en la obra social derivadora y recibir de ella los servicios médicos. O sea, los asesores del Ministerio de Salud prohíben hacer “derivación de aportes”.  

¿A cuánta gente afecta esta nueva disposición? Se puede estimar, con información del Censo 2010, que la composición de la afiliación a las obras sociales es la siguiente:

En las obras sociales nacionales hay aproximadamente 13 millones de afiliados.
Unos 4,2 millones derivan su aporte a una prepaga.
Los restantes 8,8 millones de afiliados no derivan aportes.
Estos datos muestran que las personas involucradas en la derivación de aportes representan un tercio del total de afiliados a las obras sociales nacionales. La coerción del gobierno implica un cambio muy masivo con el riesgo de generar serias disrupciones en el funcionamiento de la medicina privada. En este sentido, es muy sugerente que tanto el Ministro de Salud como el Superintendente de Servicios de Salud, ente regulador de las obras sociales y prepagas, se excusaron de firmar la norma y se tuvo que apelar a los asesores del Ministerio de Salud. Una improvisación que seguramente será cuestionada en su legalidad.

Uno de los principales problemas del sistema de obras sociales es que se obliga a brindar el mismo paquete prestacional (Programa Médico Obligatorio, PMO) a personas con muy diferentes niveles de aportes. Esto lleva a que haya familias sub-financiadas, es decir, que con sus aportes resulta imposible financiarles el PMO. En este marco de inconsistencia financiera las obras sociales derivadoras cumplen un rol fundamental. Permiten a las familias con ingresos suficientes acceder a una prepaga, mientras que las familias sub-financiadas quedan en las obras sociales con un acceso parcial al PMO y muchas veces atendidas en los hospitales públicos. Prohibir la derivación de aportes para que todas las familias elijan una prepaga directamente, no solo es cuestionable desde el punto de vista legal, sino que agravará la crisis de financiamiento que sufre la medicina privada.

Para mejorar el funcionamiento del sistema de obras sociales hay que aumentar los aportes de las familias sub-financiadas. Si todas las familias estuvieran razonablemente financiadas, las prepagas no necesitarían los servicios de la obra social derivadora dado que podrían atender directamente a todas las familias. Se puede corregir este problema, sin costo fiscal, asignando el 100% del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) a reforzar los aportes de las familias de más bajos ingresos. Distribuir de manera automática el FSR para aumentar los aportes más bajos es un criterio superador al uso actual que subsidia a las obras sociales con criterios discrecionales y prebendarios. Focalizar el 100% del FSR en las familias de menores ingresos es una política mucho más consistente con la solidaridad y la libertad. 

En paralelo, es muy importante ordenar el PMO eliminando prestaciones que no son de atención médica. Por ejemplo, los servicios sociales para la discapacidad, las adicciones, los acompañamientos familiares o el financiamiento de la innovación en medicamentos que son de muy alto costo. Todos estas prestaciones, actualmente incorporadas al PMO, deberían estar a cargo de otras agencias del Estado como ocurre en los países bien organizados.