Redacción
La situación del sistema previsional argentino volverá al centro de la escena en el Congreso de la Nación. El próximo miércoles 9 de abril, a las 10, la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados iniciará una nueva ronda de debates sobre la reforma jubilatoria, en un contexto de creciente malestar entre los sectores pasivos por la pérdida del poder adquisitivo y la falta de actualización real de los haberes mínimos.
Serán 29 los proyectos que se pondrán sobre la mesa, con propuestas que atraviesan todo el arco político: desde iniciativas que plantean la eliminación de jubilaciones de privilegio, hasta la revisión de beneficios no contributivos para determinados sectores, incluidos miembros del clero. Una de las propuestas con mayor consenso es la prórroga por dos años de la moratoria previsional, herramienta que permitió hasta marzo pasado que miles de personas sin los años de aportes requeridos pudieran acceder a una jubilación.
La reunión estará presidida por la diputada Gabriela Brouwer de Koning (UCR) y coincidirá con un nuevo miércoles de movilización de jubilados frente al Congreso, una protesta que se repite cada semana y que, en las últimas ediciones, sumó la presencia de sindicatos, organizaciones sociales e incluso hinchadas de fútbol. A principios de marzo, estas manifestaciones derivaron en hechos de violencia y represión, con un saldo lamentable: el fotógrafo Pablo Grillo resultó gravemente herido por el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno.
Además, la fecha se ubica en la antesala del paro nacional convocado por la CGT, lo que le suma tensión política al tratamiento de la reforma previsional.
“El sistema previsional argentino refleja profundas desigualdades e injusticias, que impactan directamente en la calidad de vida de millones de jubilados y pensionados”, expresó la presidenta de la comisión al convocar al debate, marcando el tono de lo que promete ser una discusión extensa y con múltiples posturas enfrentadas.
El debate ocurre en un escenario donde la bronca social va en aumento. El bono de $70.000 que complementa los haberes mínimos sigue congelado desde marzo de 2024, mientras que muchos jubilados perciben ingresos muy por debajo del costo de vida. La pérdida acumulada frente a la inflación es un reclamo sostenido por las organizaciones que representan al sector.
Uno de los antecedentes más recientes fue en agosto de 2024, cuando el Congreso aprobó una ley que proponía actualizar los haberes según la inflación (IPC) y otorgar una recomposición adicional del 8,1% para recuperar lo perdido en enero. Además, establecía que el haber mínimo debía equivaler al 1,09 de la Canasta Básica Total, con mejoras si la economía mostraba crecimiento. Sin embargo, la norma fue vetada por el Poder Ejecutivo, y la oposición no logró reunir los dos tercios necesarios para revertir el veto en Diputados.
La falta de acuerdo político y la presión de la calle auguran un nuevo capítulo en un debate que lleva años sin una solución estructural. La cita del 9 de abril será clave para medir hasta dónde está dispuesto el Congreso a avanzar en una reforma que, para muchos, ya no admite postergaciones.
