La entidad sostuvo que su accionar se respalda en normas nacionales e internacionales, y calificó de inconstitucional el decreto 765/2024. Además, negó irregularidades en la forma de cobro y rechazó ejercer presión sobre salones de eventos.
Info. General06/05/2025
Redacción
La Asociación Argentina de Intérpretes y CAPIF (AADI-CAPIF) respondió formalmente al Concejo Municipal de Rafaela luego de que este consultara sobre el alcance y legalidad del cobro de derechos de autor en eventos privados, a partir de la entrada en vigencia del Decreto 765/2024.
En una nota firmada por Eduardo J. Tacconi, gerente regional de la entidad, AADI-CAPIF consideró que el decreto municipal es inconstitucional y que no puede ser tenido como único marco legal. En ese sentido, señalaron que el derecho a percibir retribuciones por la comunicación pública de obras musicales se encuentra amparado por la Constitución Nacional, tratados internacionales suscriptos por Argentina, la Ley de Propiedad Intelectual 11.723 y demás normativas vigentes.
“La norma local contradice principios superiores del derecho positivo argentino y tratados que el país se comprometió a respetar”, advirtieron. A su vez, afirmaron que las tarifas cobradas se basan en resoluciones del Poder Ejecutivo Nacional y no se fijan arbitrariamente.
Respecto de los cuestionamientos sobre métodos de cobro, la entidad negó operar únicamente en efectivo y afirmó aceptar transferencias, depósitos, cheques, Mercado Pago y otros medios habilitados. También aseguraron emitir comprobantes legales por cada operación.
AADI-CAPIF también rechazó ejercer presiones sobre propietarios de salones de eventos, aunque reafirmó que dichos espacios “son responsables del pago de derechos cuando en sus instalaciones se realice comunicación pública de fonogramas”.
Finalmente, ante la consulta sobre la distribución de los fondos recaudados, señalaron que esa tarea recae exclusivamente en AADI y CAPIF, según sus estatutos aprobados por la Inspección General de Justicia.
Con esta respuesta, la entidad busca reafirmar la validez de su accionar y aclarar las inquietudes surgidas en el ámbito local, donde persiste la controversia sobre la aplicabilidad del decreto municipal frente al marco jurídico nacional e internacional.
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