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El sistema de discapacidad tambalea: sin recursos, se pierden vínculos y se agrava la exclusión

La crisis llegó, profesionales que no pueden sostener sus tareas, familias sin respuestas y un Estado que mira para otro lado: el sistema que asiste a personas con discapacidad está al borde del colapso.

Info. General09/06/2025RedacciónRedacción
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La escena se repite en todo el país: centros que reducen servicios, terapeutas que abandonan sus puestos, traslados que se suspenden y tratamientos que se cortan sin previo aviso. La falta de actualización en los aranceles que el Estado paga a instituciones, transportistas y profesionales del sector de la discapacidad generó una crisis profunda, que expulsa a quienes trabajan por vocación y compromete la atención de miles de personas que más lo necesitan.

Desde diciembre, los valores del Nomenclador Nacional —el sistema que regula cuánto se paga por cada prestación— están congelados. Mientras tanto, los costos operativos y salariales suben sin freno. “Hoy se paga 4.000 pesos por hora. Con eso hay que cubrir todo: transporte, comida, salarios, materiales, infraestructura. Es imposible”, advirtió Julieta Cola, referente de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis).

El impacto no es solo económico. La pérdida de vínculos terapéuticos construidos durante años golpea de lleno a familias y pacientes. “Cuando un profesional se va porque no puede sostenerse, no se reemplaza solo una función. Se corta un proceso, se rompe un lazo, se genera angustia”, señaló Cola. “Esto no es solo un trabajo. Es presencia, es contención, es comunidad”.

A nivel nacional, el reclamo se amplifica. En Rosario, la última movilización frente a Plaza San Martín reunió a instituciones, trabajadores, familiares y usuarios, todos unidos por un mismo pedido: respuestas urgentes y sostenibles.

Mientras en el Congreso avanza una ley de emergencia para actualizar los aranceles, desde el gobierno de Javier Milei ya anticiparon que podría ser vetada si afecta los objetivos fiscales. El costo estimado, según cálculos oficiales, no llega al 0,5% del PBI. Pero el impacto humano es incalculable.

“No hay plata, nos dicen. Pero esto no es un lujo. Es un derecho”, sentenció Julieta. Y avisó: “Si vetan la ley, vamos a seguir en la calle. No por nosotros, por todos los que hoy se están quedando afuera del sistema”.

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